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lunes, 19 de octubre de 2020
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Retención y pago de pensiones alimenticias por parte del empleador en tiempos de COVID-19

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Fotografía 1: Andrea Martínez / en Metro Ecuador. (2020).
La
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha provocado que se den drásticos cambios jurídicos, los cuales eran impensables antes de este suceso. El 28 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial que reformó al acuerdo Nro. MDT-2020- 077 del 15 de marzo de 2020, el cual regula tres modalidades de trabajo: la reducción, modificación y la suspensión de la jornada laboral. Adicionalmente, este acuerdo menciona que se puede llegar a un común acuerdo entre trabajador y empleador para establecer un calendario de pago para efectos de la remuneración.
Este calendario de pago supondría ser una forma de cumplir la obligación de manera flexible, pagando en diferentes plazos la remuneración correspondiente. Por otro lado, en la práctica, especialmente en cuanto a la suspensión de la jornada laboral, no solo se han llegado a este tipo de convenios, sino que en muchos casos se ha acordado que se les pague una vez que regresen a recuperar el periodo no trabajado.
Hasta este momento no parece haber conflicto entre este tipo de consensos, sin embargo, el problema empieza cuando al hacerlo se comienzan a vulnerar los derechos de alimentos de niños y adolescentes. En el Ecuador, el juez tiene la potestad de designar a ciertos empleadores como agentes de retención de las pensiones alimenticias a las que están obligados sus trabajadores y les hace responsable de realizar el pago de la misma para garantizar el cumplimiento de esta obligación.
Si bien el Código del Trabajo en el artículo 91 establece que la remuneración es inembargable, también menciona que la única excepción es para el pago de pensiones alimenticias, lo cual si se puede hacer previa orden de autoridad competente. Esto es debido a que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35 declara a los niños y adolescentes como un grupo de atención prioritaria y menciona que el Estado prestará especial protección a este grupo.
En varios casos a lo largo de la pandemia, los trabajadores y empleadores han realizado los acuerdos de pago antes mencionados, en donde se ha pagado con días o hasta meses de retraso y el empleador no ha realizado la retención ni el pago correspondiente a los alimenticios de los menores dentro de los cinco primeros días de cada mes como lo establece la ley, debido a que la retención la realizarían al momento de que se cumpla la fecha acordada con el trabajador ocasionando la vulneración del derecho de niños y adolescentes a recibir alimentos y privándoles de tener una vida digna.
Es importante que los empleadores tengan en cuenta que el interés superior del niño, prevalece ante cualquier otro tipo de acuerdo y que este principio que se encuentra estipulado en el artículo 11 y 14 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual se menciona que “las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño”.
En cualquier acuerdo o fórmula de pago que hayan llegado las partes, el empleador tiene que tomar en cuenta que si el juez lo designó como agente de retención de las pensiones alimenticias, él tiene la obligación de pagar el monto correspondiente en la fecha designada y únicamente la diferencia puede ser objeto de un acuerdo en cuanto a la forma del cumplimiento de la remuneración, ya que de esta manera se garantiza el derecho a la vida, a la supervivencia y a una vida digna del niño o adolescente.
De igual manera, la legislación ecuatoriana desde siempre ha previsto la sanción respectiva a los empleadores que incumplan la orden judicial de retener y realizar el pago, esta es siendo solidariamente responsable por los intereses y la mora que generen el no pago de la pensión alimenticia.
En conclusión, frente a la emergencia sanitaria y los graves efectos económicos que se han producido por la misma, tanto empleadores como trabajadores pueden llegar a acuerdos en cuanto a la forma de pago de su remuneración para cooperar con la subsistencia de las fuentes de empleo. Sin embargo, en ninguna ocasión esos acuerdos pueden vulnerar los derechos de alimentos y en el caso de los empleadores que son los obligados a realizar el pago mensual de la pensión, deben realizar el pago con independencia de los acuerdo a los que hayan llegado las partes, caso contrario, el empleador será solidariamente responsable de los intereses y la mora producto de tal incumplimiento.
Por: Francys Muriel y Felipe Dreyer
“Nota de descargo: los comentarios publicados son personales de cada autor, no vinculan ni representan la opinión de la USFQ, el Colegio de Jurisprudencia, o el Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ. El contenido del blog no deberá ser usado como consejo o asesoría legal”
Bibliografía:
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020–080 del 28 de marzo de 2020
Constitución de la República del Ecuador. Art. 35. Registro Oficial №449 del 20 de octubre de 2020
Código del Trabajo. Art. 91. Registro Suplementario №167 del 16 diciembre de 2005.
Fotografía 1: Andrea Martínez. (2020). SUPA: ¿Cómo cancelar pensión alimenticia si no tengo trabajo?. Recuperado de: https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2020/02/11/supa-cancelar-pension-alimenticia-no-trabajo.html
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martes, 13 de octubre de 2020
Vinicio Moreno Proaño -  Conoce a nuestro nuevo profesor

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lunes, 12 de octubre de 2020
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Estadísticas comparativas sobre el incremento de violencia intrafamiliar en América Latina

El COVID-19 ha causado múltiples efectos negativos a nivel mundial. Uno de estos efectos es la intensificación de la violencia intrafamiliar, especialmente contra mujeres. El término violencia se refiere al “uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”. (OMS) Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha instado a que cada país adquiera una definición de violencia intrafamiliar o doméstica.
Durante la cuarentena, el uso intencional de la fuerza ha aumentado, de acuerdo con las estadísticas de varios países latinoamericanos. Razón principal, las autoridades gubernamentales se han visto en la necesidad de adoptar nuevas medidas de protección contra las víctimas, tal como veremos a continuación.
COLOMBIA.-
En el caso colombiano, durante los primeros días de la cuarentena nacional se registró un aumento en un 51% en los casos de violencia intrafamiliar. Tras la declaratoria de confinamiento obligatorio hasta la fecha, se han registrado 1121 casos de denuncias por agresión dentro del hogar. Asimismo, las llamadas en este país aumentaron en un 200% desde que comenzó el aislamiento.
Es por eso que, las autoridades han implementado una nueva estrategia de apoyo para las víctimas. Las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar que acuden a farmacias o a supermercados, en donde, pueden solicitar ayuda, y son los funcionarios de estos locales quienes comunican la emergencia a la policía. Esta estrategia no es la única medida adoptada por el país cacaotero. Una segunda opción es la atención a la víctima una vez que ha sido agredida. La ayuda consiste en brindar apoyo psicológico y servicios legales de forma gratuita para que de esta manera la persona que ha sido agredida pueda acceder con mayor facilidad a medios de defensa.
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ARGENTINA.-
En el caso de argentina las denuncias por violencia de género han aumentado en un 39% durante la cuarentena por el coronavirus. Ante el evidente aumento de las llamadas y consultas para orientación por los casos de violencia de género, las autoridades han unido esfuerzos y han implementado medidas para proteger a las víctimas. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad habilitó tres líneas telefónicas por WhatsApp y una casilla de correo electrónico.
Asimismo, el gobierno argentino determino códigos secretos para activar la alarma de género. Para facilitar la ayuda, cuando una mujer pregunta por una farmacia por tapabocas rojo o una mascarilla número 19, los empleados del local son los responsables de buscar los datos personales e informar a las autoridades.
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ECUADOR. -
Desde el 12 de marzo de 2020 se han registrado alrededor de 8,000 llamadas de auxilio a la línea 911 con razón de violencia intrafamiliar. Asimismo, la Defensoría Pública registró el incremento de casos de violencia intrafamiliar. La institución asumió 539 patrocinios, cerca de 20%, de un total de 2.707 casos en diferentes materias de flagrancia a nivel nacional. Adicionalmente, muchos servicios de atención están al tope de su capacidad frente al incremento en la demanda; como en el caso de la casa de acogida para victimas-sobrevivientes de violencia de género en Cuenca.
Por este motivo, el gobierno ecuatoriano ha implementado la mejora en las líneas telefónicas exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar. Una de las iniciativas creadas por la ciudadanía es el manejo de mensajes de texto con palabras clave. Esto consiste en enviar un código de seguridad a otra persona vía WhatsApp con la frase necesito maquillaje. De esa manera, la persona que recibió el mensaje se encargue de llamar a la policía para que tome las medidas pertinentes.
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OPINIÓN. -
A pesar de las múltiples soluciones implementadas por los gobiernos latinoamericanos, tales como introducir un nuevo sistema de denuncia o reportar los casos de violencia mediante mecanismos como las palabras clave, el verdadero problema no se encuentra en las calles tal y como creíamos antes de la pandemia, sino mas bien dentro del hogar. Las autoridades no deben hacer caso omiso a este llamado, ya que hacerlo, representa el desinterés por el pilar mas importante de la sociedad, la familia.
Autores: Mayte Suárez y Emily Moya
lunes, 5 de octubre de 2020
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¿Cómo se cuantifican las pensiones alimenticias?

Uno de los temas más controvertidos dentro de la obligación de prestar alimentos es la cuantificación del monto de la pensión[1]. Al respecto, diversas legislaciones difieren en la discrecionalidad que deben tener los administradores de justicia y la utilización de estándares objetivos para su cuantificación.
Por ejemplo, en Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el encargado de elaborar la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas considerando parámetros como la necesidad básica del alimentado; los ingresos del alimentante; la estructura del gasto familiar; y, la inflación[2]. Esta debe ser actualizada cada año, justándose al Índice de Inflación y al aumento del salario básico unificado (SBU). La tabla es de uso obligatorio para el juez en cuanto a mínimos. Sin embargo, al valorar la situación, los jueces podrían establecer una pensión superior.
La actual Tabla establece 6 niveles diferentes, donde se considera el ingreso del demandado para saber en qué nivel se encuentra. Luego, se divide en número de hijos y edades de los mismos. Adicionalmente, desde este año se considera, también, la existencia de alguna discapacidad del alimentado para un aumento de la pensión[3].
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Por su parte, en Chile se establece cierta discrecionalidad al juez[4]. Existen parámetros obligatorios pues, (i) el monto mínimo no puede ser inferior al 40% (en el caso de 1 hijo) del ingreso mínimo remuneracional del alimentante; (ii) el monto máximo es el 50% de las rentas; (iii) el monto es reajustable semestralmente de acuerdo al alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) [5].
Existen otros países donde se han establecido tablas como una guía para los juzgadores como en el caso de Alemania, con las “Tablas de Dusseldorf”, que sirven como orientación para los jueces que determinan el importe de la prestación alimenticia, sin tener estas tablas fuerza de ley” [6].
Así mismo, en España, las Tablas orientadoras del año 2019 establecen dos diferentes tipos de tablas: la primera está diseñada para los casos de custodia compartida pues “recoge el coste de mantenimiento (excluidos gastos de vivienda y educación) de uno (Tabla 1.1), dos (Tabla 1.2) o tres (Tabla 1.3) hijos en función del nivel de ingresos de sus progenitores”[7].
En cambio, la segunda, está pensada para casos de custodia monoparental que tenga un régimen de visitas
de estancias de fines de semana alternos, una o dos tardes semanales y mitad de vacaciones, fijando la pensión que correspondería al progenitor no custodio al considerarse que el progenitor custodio cubre su aportación con el mantenimiento del hijo/a durante el resto del tiempo que el hijo/a permanece con él[8].
Adicionalmente, se prevé que el monto de la pensión debe variar según la Comunidad Autónoma en dónde se encuentre el hijo y la provincia. Para mayor facilidad de su utilización, el Poder Judicial Español tiene una calculadora que estima la pensión con base en las tablas. Sin embargo, no se puede olvidar que estas tablas son orientadoras y no obligatorias.
Así, existen diversos sistemas de cuantificación de pensiones alimenticias, teniendo como extremos la discrecionalidad total del juzgador y una fijación exacta con una tabla. Los otros sistemas tienen ciertos rangos orientativos y muchos sistemas tienen mínimos y máximos. En esta pluralidad, parece existir una tendencia a establecer ciertos parámetros objetivos necesarios para garantizar cierta previsibilidad en las decisiones judiciales y así reducir la carga de los juzgadores logrando garantizar una mayor tutela judicial efectiva. Uno de los sistemas más interesantes es el español, pues, aunque su tabla es meramente orientativa, toma en cuenta una gran variedad de factores importantes para fijar la pensión como son: el tiempo en que cada progenitor comparte con el hijo, el ingreso de ambos progenitores (garantizando la corresponsabilidad parental) y el lugar de residencia. Estos factores ayudan a que se tenga una imagen mucho más real de la situación particular de cada uno de los casos.
Autores: Claudia Camila Boriz Carrasco y Luis Miguel Chiriboga Heredia.
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[1] Los Alimentos, p. 24. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2647/4.pdf (Acceso: 11/05/2020).
[2] Código de la Niñez y Adolescencia. Artículo Innumerado 15. Registro oficial 737 de 3 de enero de 2003.
[3] Tabla de pensiones alimenticias mínimas 2020. Elaborado por el ministerio de Inclusión Social y Económica.
[4] Ley №19.585. Artículo 329. Diario oficial chileno de 26 de octubre de 1998.
[5] Ley №19741. Artículo 1 №3 y 10. Diario oficial de Chile de 24 de julio de 2001.
[6] María Pilar Bover Castaño. “La obligación de alimentos en el derecho de familia alemán”. Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho, no. 17, 2014. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572014000100009. (Acceso: 11/05/2020).
[7] Memoria explicativa de la actualización de las tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia elaboradas por el consejo general del poder judicial. Mayo 2019.
[8] Ibíd.
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Homero Cepeda López - Conoce a nuestro nuevo profesor

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martes, 29 de septiembre de 2020
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miércoles, 23 de septiembre de 2020
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CITACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO: ¿Una Herramienta para Agilizar Procesos o Violentar Derechos?

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Imagen 1: Medios digitales. Intelectum (s/f)
Computadoras, celulares, internet, en fin, el mundo está cambiando. Cada día los avances tecnológicos son más impresionantes e imprescindibles en nuestro día a día; a tal modo que la tecnología ha pasado de ser un lujo a ser una necesidad. La conexión electrónica nos une más que nunca y especialmente en esta época sombría en la que estamos viviendo.
El miércoles 11 de marzo de 2020 se declaró oficialmente por Organización Mundial de la Salud (OMS) al COVID-19 como pandemia.[1] En tal virtud, el Ecuador dispuso Estado de excepción y declaró en cuarentena a todo el territorio nacional.[2]
Cuatro meses han pasado desde la declaratoria de pandemia por parte de la OMS y la vida continua, la gente ya está realizando sus actividades cotidianas y como es de esperar los problemas aparecen. Frente a conflictos legales las personas pueden ejercer su derecho de acción e interponer una demanda para que un juzgador resuelva el conflicto entre las partes, siempre velando por los derechos de estas.
Con el fin de precautelar la salud de los servidores públicos y las partes procesales, se han instaurado audiencias por medios telemáticos, así como la apertura de ventanillas electrónicas para la recepción de escritos.[3]
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Imagen 2: Persona en audiencia telemática. Las imágenes se transmiten en tiempo real a las salas de audiencia de las unidades judiciales. El telégrafo (18/01/2016)
Con una amplia carga procesal los juicios están a la espera y los ciudadanos siguen sin resolver sus conflictos. Tal es la situación que en algunos casos ni siquiera sus procesos inician por falta de citación. Es por esto que inmediatamente surge la pregunta: ¿Por qué no utilizar los medios electrónicos para realizar las citaciones?
Es pertinente denotar que el Código Orgánico General de Procesos prevé la posibilidad de realizar la citación a través del correo electrónico de la persona demandada; sin embargo, este mismo cuerpo legal aclara que esta no sustituye la citación oficial la cual debe ser realizada personalmente, por boletas o a través los medios de comunicación.
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Imagen 3: Tipos de citación (Art. 53,54,55 y 56, COGEP)
Pero ¿Por qué no incluir citaciones a través de correo electrónico si estas pueden agilizar el proceso de citación?
Si una persona interpone una demanda, sea esta de alimentos, un divorcio o una indemnización por despido, y se cita por correo electrónico; ¿Se considera citado?; ¿Desde qué momento surte efectos este acto procesal? ¿Acaso se cuenta el término para la contestación desde su emisión, recepción o desde que tiene conocimiento?
Pues bien, para esto es necesario traer a colación la teoría de la emisión, recepción y conocimiento; por lo que es necesario saber desde que momento se considera que la persona ha sido citada para que surta efectos. Si bien estas teorías son utilizadas para el perfeccionamiento de un contrato no significa que no puedan ser utilizadas transversalmente en materia procesal. La doctrina tiene una postura clara en cuanto al uso de la teoría de la recepción[4]; por lo que en caso de permitir una citación electrónica esta sería válida con la sola recepción al correo del demandado.
Aunque se ha solucionado tan solo un problema, es pertinente analizar la situación del país considerando que existe una gran brecha entre las clases sociales provocando que no todas las familias tengan los mismos recursos.
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Imagen 4: Casa de madera y hojas de zinc en la cooperativa Proletarios sin Tierra. El telégrafo (29/01/2017)
Según cifras del INEC, en guayas 133.641 hogares tienen acceso a internet de una población de 3’645.483; mientras que en Azuay tan solo 23.274 hogares tienen acceso a internet de una población de 712.127.[5] Esto nos da una idea de que no todas las personas aún tienen acceso a internet por lo que nuevamente nace otra inquietud: ¿Qué ocurre si una persona es citada por medios electrónicos y esta no tienen acceso a internet?
La respuesta es bastante sencilla, se estarían violentando derechos por parte de la administración de justicia al dejar en indefensión a cientos sino a miles de ciudadanos que puedan recibir una demanda sin poder defenderse adecuadamente. Asimismo, ¿Qué ocurre si los derechos de los ciudadanos están siendo violentados? Se interpondrán acciones de nulidad, acciones de protección en contra del estado y demás generando caos en el sistema judicial al ocasionar que la carga procesal sea aun más grande.
Es por esta razón que una citación por correo electrónico más allá de ser una herramienta para liberar la carga procesal podría degenerar herramienta para violación de derechos fundamentales, mismos que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución[6] y el Estado es el encargado de velar por estos mismos.
Aunque vivimos en una época de incertidumbre por la pandemia, es preferible ir a paso lento pero seguro y pese a que en ocasiones una simple citación sea algo demorado debemos tomar un respiro y pensar en las consecuencias que podrían ocurrir si no pensamos los derechos de todos.
A pesar de que una citación por correo electrónico parece innovador y prometedor, el Ecuador aun no está listo para adaptar esta medida. Mientras tanto será necesario explorar otras alternativas para mejorar la calidad y eficiencia de las citaciones dentro de los procesos judiciales.
Quizás algún día, la red de telecomunicaciones en el Ecuador mejore y tan solo cuando cada familia de cada rincón del país tenga acceso a internet, se podría estar pensando en instaurar esta alternativa que, en principio, si tiene como fin agilitar el sistema de justicia para que las citaciones sean de manera inmediata, pero por el momento esta no es una medida viable.
Autores: Mateo Cadena B. / Verónica Zambrano
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[1] Se puede encontrar el resumen de la rueda de prensa sobre COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 en: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
[2] El Ecuador desde el pasado 17 de marzo de 2017 vive con restricciones de movilidad, suspensión de clases y eventos masivos. (12/03/2020, El Universo) ver en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/12/nota/7778376/coronavirus-ecuador-viaje-restriccion-vuelos-pasajeros-aeropuertos
[3] Ver en Art. 4 (COGEP), Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID-19 (Consejo de la Judicatura) y RESOLUCIÓN 045-2020 (Consejo de la Judicatura)
[4] En el momento se recibe el documento con la aceptación, contraoferta o nueva oferta, se entiende que el receptor tiene conocimiento del contenido. No se toma en cuenta si el receptor ha leído o no el contenido del documento, el punto es que haya recibido. Ver en: M, Gallego, (2000). La formación del contrato a través de la oferta y la aceptación, Madrid, Marcial Pons; p. 123
[5] Para más cifras, ver en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/
[6] Al realizar una incorrecta citación se están violentando los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso y a la defensa recogidos en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador.
Referencias:
Código Orgánico General de Procesos. Arts.53, 54, 55 y 56. Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015
Constitución de la República del Ecuador. Arts. 75 y 76. Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008
El Telégrafo. (18/01/2016). Ilustración de audiencias telemáticas. (imagen). Recuperado de: https://www.eltelegrafo.com.ec/images/cms/EdicionImpresa/2016/18-01-16/18-01-16-justicia-audiencia-info.jpg
El Telégrafo. (28/01/2017). Ilustración de vivienda en Guayas. (imagen). Recuperado de: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/1/el-guasmo-la-hacienda-que-se-convirtio-en-una-microciudad
El Universo. (12/03/2020). Las medidas que toma Ecuador, en emergencia sanitaria por coronavirus: cuarentena de pasajeros internacionales, suspensión de clases y eventos masivos. Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/12/nota/7778376/coronavirus-ecuador-viaje-restriccion-vuelos-pasajeros-aeropuertos
INEC. (02/06/2020). Cifras por Provincias. Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/
Intectum. (s/f). Ilustración de medios electrónicos. (imagen). Recuperado de: https://intelectum.net/tengo-10000-emails-en-mi-bandeja-de-entrada/
M, Gallego, (2000). La formación del contrato a través de la oferta y la aceptación, Madrid, Marcial Pons
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