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miércoles, 27 de enero de 2021
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miércoles, 20 de enero de 2021
Maria Gracia Naranjo - Conoce a nuestra nueva profesora

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lunes, 9 de noviembre de 2020
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Apátridas: los hijos de los migrantes venezolanos a Colombia

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El éxodo de venezolanos de su país empezó en 2015 y el número ha crecido exponencialmente cada año. En junio de 2019 la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registraron cuatro millones. Si bien las razones han sido varias, ya sea por falta de recursos, medicamentos o delincuencia, muchas personas se han visto forzadas a dejar su hogar y emprender un viaje con el objetivo de encontrar una mejor calidad de vida. Es importante recalcar que el país que registra mayor acogida de venezolanos es su país fronterizo, Colombia. CNN en Español reporta que de acuerdo con los datos de la ACNUR “en 2016, había 48.714 venezolanos en el país; en 2017, 600.000; en 2018, 1, 17 millones; y, para junio de este año, la cifra ronda los 1,3 millones de personas.” (Toro, 2019).
Por tanto, la ACNUR ha podido identificar una situación subyacente que nació a raíz de las grandes olas de migración venezolana a este país. Los niños hijos de venezolanos migrantes que nacieron en Colombia están quedándose sin nacionalidad, es decir, en un estado de apatridia. De acuerdo con Jorge Angarita, la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona a un Estado determinado (Angarita, 1998, p. 5). Tal como lo expresa el autor, la nacionalidad es uno de los atributos que comprende la personalidad jurídica, por esto tiene una gran trascendencia. El efecto de la nacionalidad es que crea derechos y obligaciones para ambas partes. La situación de quien está en un estado de apatridia puede acarrear muchas consecuencias, sobre todo la desprotección en la que se encuentra esta persona ya que el Estado no la reconoce.
Alessandri señala que existen 3 sistemas para otorgar la nacionalidad que un Estado puede adoptar. El primero es el ius sanguinis, proviene del Derecho Romano, se considera nacional de un Estado el individuo cuyos padres son nacionales de ese Estado independientemente si el individuo nació ahí o no. El segundo es el ius solis, proveniente de la época feudal, se caracteriza nacional de un Estado a todo individuo que haya nacido dentro del territorio, aun así los padres no. Y el tercero es el mixto, el cual es una combinación de las dos primeras, caso de mayoría de los Estados y de Ecuador (Alessandri & et al., 1990, p. 393–394). Colombia, en cambio, adoptó el sistema ius sanguinis como se refleja en su Artículo 96 de la Constitución:
Artículo 96: Son nacionales colombianos.
1. Por nacimiento:
a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y;
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República (…)
Como se desprende de la Constitución, los hijos de venezolanos que acababan de migrar al país no son elegibles para adquirir dicha nacionalidad. Tampoco era una opción que adquirieran la nacionalidad venezolana debido a la falta de recursos de muchos padres, no haber podido conseguir la documentación necesaria y, por último, este servicio no siempre estaba disponible. Frente a tal situación la ACNUR pidió al Estado colombiano que adopte una medida legislativa dirigida a estos niños en situación de apatridia. Ésta ayudará a que alrededor de 24,000 niños tengan acceso a la nacionalidad colombiana. Es importante recalcar que es una medida excepcional y temporal que comienza desde agosto 2019 y tiene una duración de dos años; durante este periodo, el Estado colombiano contará con el apoyo de recursos por parte de la ACNUR para poder acatar la medida (ACNUR, 2019). Considero que dicha medida resulta positiva debido a que asegurará que un derecho humano no sea vulnerado; además cumple con uno de los principios de la nacionalidad, el cual estipula que toda persona debe tener una. Adicionalmente, esta medida evitará que los niños sean imposibilitados a tener acceso a derechos elementales como la salud y educación permitiéndoles, de esta manera, poder tener una vida digna.
María Camila Manotas Valdés
¨Nota de descargo: los comentarios publicados son personales de cada autor, no vinculan ni representan la opinión de la USFQ, el Colegio de Jurisprudencia, o el Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ. El contenido del blog no deberá ser usado como consejo o asesoría legal¨
Bibliografía
Agencia de la ONU para los Refugiados (2019). Colombia toma medidas para garantizar que los niños y las niñas hijos de padres venezolanos no se conviertan en apátridas. Recuperado de: https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/8/5d4974604/colombia-toma-medidas-para-garantizar-que-los-ninos-y-las-ninas-hijos-de.html
Alessandri, A et al. (1990). Derecho civil parte preliminar y parte general. Santiago, Chile: Ediar
Angarita, J. (1998). Derecho civil parte general y personas. Bogotá, Colombia: Editorial Temis
Constitución de la República de Colombia. Artículo 96 numeral 1. Texto aprobado por la Corte Constitucional y las reformas legislativas del 2016, año 1991.
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lunes, 26 de octubre de 2020
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Entrevista: Engrosando los 119 casos de la Comisión de la Verdad a 10 años de su Informe Final

Ya
han pasado 34 años desde ese 12 de junio de 1986, cuando Patricio Fernando Aragón Andrade, de 20 años de edad, fue alcanzado por un perdigón de una carabina de la Policía Nacional en las inmediaciones de la Universidad Central, matándolo en su camino al hospital. La señora Magali, entonces viuda del señor, nos cuenta en una entrevista cómo vivió y mantiene su esperanza respecto a la justicia ecuatoriana, para encontrar responsables, y alcanzar las debidas reparaciones integrales del determinado Caso 40/Periodo 1984–1988, perteneciente al Informe Final de la Comisión de la Verdad, publicado el 7 de junio de 2010[1].

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Cómo creer en un sistema de justicia el cual tiene lineamientos políticos. Esa es una de las cuestiones y barricadas que impidió a la señora Magali obtener un proceso garantista y con celeridad, que la ayudara a encontrar confianza en el sistema penal del entonces gobierno de León Febres Cordero. El caso del señor Aragón, determinado como ejecución extrajudicial, pasaría a engrosar las filas de los 119 casos que constituyen 456 víctimas directas por atropello a sus derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad[2]. Del total de casos, el 55.1% sucedieron durante el gobierno de Cordero, configurándose en el 68% de las víctimas totales recopiladas por la Comisión de la Verdad en su informe[3].
A Magali le dijeron que el señor Aragón fue un terrorista. Un recién ingresado universitario, cuyas responsabilidades con su recién nacido y su esposa, lo pondrían en el momento y lugar incorrecto; una manifestación estudiantil en contra del alza de precios de productos básicos. Según relata la viuda, el poco más de 1.90 metros de estatura de Patricio, fueron determinantes para que sea un blanco fácil y el perdigón fuese letal.

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El caso del estudiante muerto en disturbios llegó a tela de medios de comunicación. Se hacía entender que la tragedia justificaba la baja de un militante subversivo a los intereses del pueblo[4]. El entonces ministro de gobierno, Luis Robles Plaza, destituido de su cargo por el propio congreso en 1987[5], fue y es, el único nombre con un proceso de juicio, cuyas implicancias daban responsabilidad, pero sin conseguir ninguna trascendencia[6]“No podía hacer yo nada. Me pidieron que mejor dejara las cosas como están”. La viuda recibió amenazas para que no se hiciera justicia por su esposo.
En 2007, la luz del túnel para limpiar el nombre del señor Aragón ante la justicia y el medio social, pero siempre sostenida por una fe incondicional de la señora Magali, se viabilizaba con la conformación de la Comisión de la Verdad. Este proyecto, planteó metas para una investigación profunda, para así lograr establecer hechos susceptibles a políticas de reparación y responsabilidad de violaciones de derechos humanos ocurridas entre 04/10/1983 hasta 31/12/2008.
La señora Magali, formó parte de las más de 600 declaraciones de víctimas de violaciones de derechos humanos. Rindió su testimonio en 2008 como única compareciente atingente al caso de su esposo. Para el año 2011, el informe de la Comisión de la Verdad daba 156 recomendaciones[7] a los casi 300.000 documentos desclasificados a nivel nacional[8].
Ese mismo año se aprobó la Ley de Víctimas, que ofrecía reparación a víctimas y judicialización de los casos presentados en el informe. Hasta la fecha, menos del 5% de los casos han sido judicializados, manteniéndose el caso de la señora Magali entre la mayoría que todavía se encuentra en fase de investigación previa, a pesar de haber publicado el 80% de nombres de presuntos responsables[9], entre ellos el del accionante del disparo al señor Aragón.
Para el año 2018, la señora Magali recibió las medidas de reparación elementales propuestas por la Ley de Víctimas; tales como de salud, dándole una atención y prioridad médica en una situación particular, además de haberle ofrecido una beca para su hijo, y hasta facilidades de préstamos financieros del Estado para iniciar un emprendimiento. Lo que no consigue, como muchos en su situación, es la compensación económica y una sentencia judicial justa que revele la verdad del crimen de Patricio. Todo eso está pendiente.
Edición-Autor: Andrés Doubosky Márquez Vega
Edición-Co-autor: Pedro José Ponce Witt
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Bibliografía y Fuentes
[1] Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad — Ecuador 2010, “Tomo 4 Relato de Casos 1984–1988 p 270”.
[2] Caicedo Tapia, Danilo Alberto. Experiencia de la Comisión de la Verdad Ecuador. Perspectivas de judicialización de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Quito, 2012, 114 p. Tesis (Maestría en Derecho. Mención en Derecho Constitucional). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho..
[3] Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad — Ecuador 2010, “Tomo 1 Violaciones de los Derechos Humanos”, Quito, Comisión de la Verdad Ecuador, 2010, pp. 88–93
[4] Tamayo, E. (2008). Resistencias al autoritarismo Gobierno de León Febres Cordero (1984–1988), p. 52
[5] Tamayo, E. (1987). 1987: Abuso de poder, violencia y atentados a la soberanía. Recuperado de https://www.alainet.org/es/active/80028. El 29 de junio de 2020.
[6] Comunicado de la FESE y FEUE ante el Congreso Nacional, leído durante el juicio contra Luis Robles Plaza, CV, casos UIES, carpeta 282, juicio Robles Plaza, p. 21
[7] Albán J.P. (2015). De los 136 casos documentados por la Comisión de la Verdad, sólo 6 se han judicializado. Recuperado de https://www.larepublica.ec/blog/politica/2015/10/14/de-los-136-casos-documentados-por-la-comision-de-la-verdad-solo-6-se-han-judicializado/. El 27 de junio de 2020.
[8] Comisión de la Verdad, Informe de la Comisión de la Verdad — Ecuador 2010, “Tomo 1 Violaciones de Derechos Humanos”, Quito, Comisión de la Verdad Ecuador, 2010, pp. 13–28.
[9] Philip Alston, Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Misión Ecuador, 9 de mayo de 2011, párrafo 89, p. 22.


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lunes, 19 de octubre de 2020
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Retención y pago de pensiones alimenticias por parte del empleador en tiempos de COVID-19

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Fotografía 1: Andrea Martínez / en Metro Ecuador. (2020).
La
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha provocado que se den drásticos cambios jurídicos, los cuales eran impensables antes de este suceso. El 28 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial que reformó al acuerdo Nro. MDT-2020- 077 del 15 de marzo de 2020, el cual regula tres modalidades de trabajo: la reducción, modificación y la suspensión de la jornada laboral. Adicionalmente, este acuerdo menciona que se puede llegar a un común acuerdo entre trabajador y empleador para establecer un calendario de pago para efectos de la remuneración.
Este calendario de pago supondría ser una forma de cumplir la obligación de manera flexible, pagando en diferentes plazos la remuneración correspondiente. Por otro lado, en la práctica, especialmente en cuanto a la suspensión de la jornada laboral, no solo se han llegado a este tipo de convenios, sino que en muchos casos se ha acordado que se les pague una vez que regresen a recuperar el periodo no trabajado.
Hasta este momento no parece haber conflicto entre este tipo de consensos, sin embargo, el problema empieza cuando al hacerlo se comienzan a vulnerar los derechos de alimentos de niños y adolescentes. En el Ecuador, el juez tiene la potestad de designar a ciertos empleadores como agentes de retención de las pensiones alimenticias a las que están obligados sus trabajadores y les hace responsable de realizar el pago de la misma para garantizar el cumplimiento de esta obligación.
Si bien el Código del Trabajo en el artículo 91 establece que la remuneración es inembargable, también menciona que la única excepción es para el pago de pensiones alimenticias, lo cual si se puede hacer previa orden de autoridad competente. Esto es debido a que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35 declara a los niños y adolescentes como un grupo de atención prioritaria y menciona que el Estado prestará especial protección a este grupo.
En varios casos a lo largo de la pandemia, los trabajadores y empleadores han realizado los acuerdos de pago antes mencionados, en donde se ha pagado con días o hasta meses de retraso y el empleador no ha realizado la retención ni el pago correspondiente a los alimenticios de los menores dentro de los cinco primeros días de cada mes como lo establece la ley, debido a que la retención la realizarían al momento de que se cumpla la fecha acordada con el trabajador ocasionando la vulneración del derecho de niños y adolescentes a recibir alimentos y privándoles de tener una vida digna.
Es importante que los empleadores tengan en cuenta que el interés superior del niño, prevalece ante cualquier otro tipo de acuerdo y que este principio que se encuentra estipulado en el artículo 11 y 14 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual se menciona que “las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño”.
En cualquier acuerdo o fórmula de pago que hayan llegado las partes, el empleador tiene que tomar en cuenta que si el juez lo designó como agente de retención de las pensiones alimenticias, él tiene la obligación de pagar el monto correspondiente en la fecha designada y únicamente la diferencia puede ser objeto de un acuerdo en cuanto a la forma del cumplimiento de la remuneración, ya que de esta manera se garantiza el derecho a la vida, a la supervivencia y a una vida digna del niño o adolescente.
De igual manera, la legislación ecuatoriana desde siempre ha previsto la sanción respectiva a los empleadores que incumplan la orden judicial de retener y realizar el pago, esta es siendo solidariamente responsable por los intereses y la mora que generen el no pago de la pensión alimenticia.
En conclusión, frente a la emergencia sanitaria y los graves efectos económicos que se han producido por la misma, tanto empleadores como trabajadores pueden llegar a acuerdos en cuanto a la forma de pago de su remuneración para cooperar con la subsistencia de las fuentes de empleo. Sin embargo, en ninguna ocasión esos acuerdos pueden vulnerar los derechos de alimentos y en el caso de los empleadores que son los obligados a realizar el pago mensual de la pensión, deben realizar el pago con independencia de los acuerdo a los que hayan llegado las partes, caso contrario, el empleador será solidariamente responsable de los intereses y la mora producto de tal incumplimiento.
Por: Francys Muriel y Felipe Dreyer
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Bibliografía:
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020–080 del 28 de marzo de 2020
Constitución de la República del Ecuador. Art. 35. Registro Oficial №449 del 20 de octubre de 2020
Código del Trabajo. Art. 91. Registro Suplementario №167 del 16 diciembre de 2005.
Fotografía 1: Andrea Martínez. (2020). SUPA: ¿Cómo cancelar pensión alimenticia si no tengo trabajo?. Recuperado de: https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2020/02/11/supa-cancelar-pension-alimenticia-no-trabajo.html
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martes, 13 de octubre de 2020
Vinicio Moreno Proaño -  Conoce a nuestro nuevo profesor

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lunes, 12 de octubre de 2020
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Estadísticas comparativas sobre el incremento de violencia intrafamiliar en América Latina

El COVID-19 ha causado múltiples efectos negativos a nivel mundial. Uno de estos efectos es la intensificación de la violencia intrafamiliar, especialmente contra mujeres. El término violencia se refiere al “uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”. (OMS) Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha instado a que cada país adquiera una definición de violencia intrafamiliar o doméstica.
Durante la cuarentena, el uso intencional de la fuerza ha aumentado, de acuerdo con las estadísticas de varios países latinoamericanos. Razón principal, las autoridades gubernamentales se han visto en la necesidad de adoptar nuevas medidas de protección contra las víctimas, tal como veremos a continuación.
COLOMBIA.-
En el caso colombiano, durante los primeros días de la cuarentena nacional se registró un aumento en un 51% en los casos de violencia intrafamiliar. Tras la declaratoria de confinamiento obligatorio hasta la fecha, se han registrado 1121 casos de denuncias por agresión dentro del hogar. Asimismo, las llamadas en este país aumentaron en un 200% desde que comenzó el aislamiento.
Es por eso que, las autoridades han implementado una nueva estrategia de apoyo para las víctimas. Las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar que acuden a farmacias o a supermercados, en donde, pueden solicitar ayuda, y son los funcionarios de estos locales quienes comunican la emergencia a la policía. Esta estrategia no es la única medida adoptada por el país cacaotero. Una segunda opción es la atención a la víctima una vez que ha sido agredida. La ayuda consiste en brindar apoyo psicológico y servicios legales de forma gratuita para que de esta manera la persona que ha sido agredida pueda acceder con mayor facilidad a medios de defensa.
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ARGENTINA.-
En el caso de argentina las denuncias por violencia de género han aumentado en un 39% durante la cuarentena por el coronavirus. Ante el evidente aumento de las llamadas y consultas para orientación por los casos de violencia de género, las autoridades han unido esfuerzos y han implementado medidas para proteger a las víctimas. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad habilitó tres líneas telefónicas por WhatsApp y una casilla de correo electrónico.
Asimismo, el gobierno argentino determino códigos secretos para activar la alarma de género. Para facilitar la ayuda, cuando una mujer pregunta por una farmacia por tapabocas rojo o una mascarilla número 19, los empleados del local son los responsables de buscar los datos personales e informar a las autoridades.
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ECUADOR. -
Desde el 12 de marzo de 2020 se han registrado alrededor de 8,000 llamadas de auxilio a la línea 911 con razón de violencia intrafamiliar. Asimismo, la Defensoría Pública registró el incremento de casos de violencia intrafamiliar. La institución asumió 539 patrocinios, cerca de 20%, de un total de 2.707 casos en diferentes materias de flagrancia a nivel nacional. Adicionalmente, muchos servicios de atención están al tope de su capacidad frente al incremento en la demanda; como en el caso de la casa de acogida para victimas-sobrevivientes de violencia de género en Cuenca.
Por este motivo, el gobierno ecuatoriano ha implementado la mejora en las líneas telefónicas exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar. Una de las iniciativas creadas por la ciudadanía es el manejo de mensajes de texto con palabras clave. Esto consiste en enviar un código de seguridad a otra persona vía WhatsApp con la frase necesito maquillaje. De esa manera, la persona que recibió el mensaje se encargue de llamar a la policía para que tome las medidas pertinentes.
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OPINIÓN. -
A pesar de las múltiples soluciones implementadas por los gobiernos latinoamericanos, tales como introducir un nuevo sistema de denuncia o reportar los casos de violencia mediante mecanismos como las palabras clave, el verdadero problema no se encuentra en las calles tal y como creíamos antes de la pandemia, sino mas bien dentro del hogar. Las autoridades no deben hacer caso omiso a este llamado, ya que hacerlo, representa el desinterés por el pilar mas importante de la sociedad, la familia.
Autores: Mayte Suárez y Emily Moya

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